La Comunidad de Madrid introduce criterios restrictivos para acceder a vivienda pública para aquellas personas que hayan ocupado una vivienda. De esta manera se retroalimenta el ciclo de personas que, por falta de ingresos suficientes, se ven obligadas a ocupar, y que con la aplicación de estos criterios, se verán perpetuadas en su situación al no poder acceder a una vivienda social. Todo ello configurándose como un doble castigo a las personas pobres y migrantes.